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El matrimonio entre personas del mismo sexo estuvo presente en el último bloque del debate televisado entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno por iniciativa del candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que por dos veces pidió a Mariano Rajoy que retire su recurso de inconstitucionalidad. Solo después de la segunda interpelación Rajoy respondió, y lo hizo de la misma forma que en anteriores entrevistas: afirmando que su partido llevaba en el programa electoral de 2004 una ley que concedía los mismos derechos que el matrimonio salvo el nombre, similar a las leyes existentes en Francia, Alemania y Reino Unido, y declarando que esperará a que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de tomar una decisión.

Las falsedades de Rajoy, por enésima vez

Una vez más, y así continuaremos repitiéndolo mientras sea necesario, aclaramos las diversas falsedades en las que incurre el líder del PP al hacer estas aseveraciones. Como este domingo reconocía la propia presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, no es cierto que la oposición del PP al matrimonio igualitario haya sido únicamente el “nombre”. El recurso de inconstitucionalidad del PP también pretende despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente (invitamos a conocer el recurso pinchando aquí).

De forma más genérica, la Ley 13/2005 por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio no es una ley de “matrimonio homosexual” que otorgue a las uniones del mismo sexo derechos similares a los del matrimonio y el mismo nombre, sino que es una ley que simplemente abre el matrimonio (un derecho constitucional en sí mismo) a las parejas del mismo sexo. Resulta por tanto imposible hacer la misma ley sin llamar a las parejas del mismo sexo matrimonio: el cambio legal consistió precisamente en abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo y extender a estas todos sus efectos civiles sin excepción alguna. La vaga propuesta contenida en el programa del PP de 2004 únicamente se refería al amparo de “las situaciones de las personas que quieran formalizar su convivencia”, con independencia de su vinculación afectiva.

Francia, Alemania y Reino Unido

Por lo que respecta a las realidades jurídicas de Francia y Alemania, sus legislaciones no solo difieren del matrimonio en el nombre, y son distintas tanto entre sí como respecto a los derechos que generan. En dosmanzanas hemos recogido diversos episodios de discriminación en esos países que no ocurrirían en caso de disponer de matrimonio: negativas a celebrar uniones civiles en Ayuntamientos, juzgados que niegan a la madre no biológica el derecho a visitar a su hija tras su ruptura con la madre biológica, prohibición de acceder a las técnicas de reproducción asistida, denegación del derecho a la pensión de reversión (un beneficio de que gozan la parejas casadas francesas mediante el cual el viudo o viuda de un cónyuge fallecido recibe una cantidad de dinero en función de la cuantía de la pensión de jubilación de este), etc.

Por lo que se refiere al Reino Unido, el único de los países mencionados por Rajoy en los que la unión civil genera derechos similares a los del matrimonio en su ámbito territorial, cabe destacar que las parejas del mismo sexo (incluso las no unidas civilmente) pueden adoptar conjuntamente, algo a lo que como hemos mencionado el PP también se opone en su recurso. Aún así, el propio primer ministro británico, el conservador David Cameron, ha reconocido públicamente la existencia de una discriminación hacia las parejas del mismo sexo al no permitírseles contraer matrimonio y ha anunciado su disposición a aprobarlo, uniéndose así a la decena de países que ya lo han hecho.

Tribunal Constitucional: más de seis años de espera

Fue el propio Mariano Rajoy el que en septiembre de 2005, en una decisión que públicamente asumió como propia, dio vía libre al recurso de su partido contra el matrimonio igualitario. Un Tribunal cuyo Presidente, Pascual Sala, se comprometió en febrero a resolver el tema antes de un año, pero cuya situación no permite precisamente respirar tranquilos: a día de hoy mantiene un equilibrio inestable entre “conservadores” y “progresistas”, y cabe esperar que a a lo largo de los próximos meses -si se confirma la casi segura victoria del PP- vaya acentuando su perfil conservador, al gozar este partido de un mayor margen de maniobra para colocar como miembros a personas ideológicamente afines.

(Fuente: DosManzanas)

A petición de NOS, Asociación Andaluza LGTB, los grupos municipales de UPyD, IU y PSOE, han presentado hoy en el pleno del Ayuntamiento de Granada la moción para exigirle al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario que el PP interpuso hace ya 6 años. Recurso de la vergüenza.

No cabía esperar otro resultado. El equipo de gobierto (PP), que tiene mayoría absolutísima, ha rechazado esta moción tachándola de electoralista. Además, ha acusado a los grupos municipales de la oposición de no conocer la "unanimidad" del Partido Popular en este tema.

Parece que es el propio PP quien no tiene conocimiento. Ayer, en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Málaga, el PP modificó la moción para decir que apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo.
No hace muchos días, el Ayuntamiento de Cáceres aprobó exigirle a Mariano Rajoy la retirada del recurso, pues el PP se abstuvo en la votación.
Asímismo, el líder del Partido Popular vasco, declaró recientemente que son contrarios a "tocar" la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Acto significativo el de un concejal del PP del Ayuntamiento de Granada, que se ha salido del pleno para no tener que votar en contra.

Ésta es la unanimidad que predica el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada. De nuevo se os ve el plumero. Y de nuevo recurriréis a vuestros colegas para lavaros la cara y las manos.

Seis años y medio después de que España sorprendiera al mundo aprobando la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, los medios de comunicación internacionales comienzan a hacerse eco de la indefinición del Partido Popular al respecto y de la posibilidad de que nuestro país se convierta en el primero en retirar ese derecho años después de haber sido aprobado. BBC Mundo o Le Monde, por ejemplo, han dedicado sendos artículos al tema.

BBC Mundo explica que las solicitudes de parejas del mismo sexo para contraer matrimonio antes de las próximas elecciones -en las que todas las encuestas dan como seguro ganador al PP- se habrían disparado. “La incertidumbre sobre el futuro preocupa también a los matrimonios homosexuales que están en el proceso de adoptar niños, ya que la ley otorga a las familias homosexuales todos los derechos y deberes que corresponden a los heterosexuales, como es el caso de las pensiones y la custodia de los hijos comunes”, explica el artículo de BBC Mundo,  que recoge declaraciones de Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, un lobby conservador que ha solicitado al PP la derogación de la ley. “Nuestro objetivo es poner punto final al ciclo de políticas antifamilia que hemos visto durante los últimos años en España”, ha explicado Benigno Blanco a la BBC.

“El colectivo tiene razones para inquietarse. En 2005, el PP no solamente votó en contra de la ley que autorizaba el matrimonio homosexual, sino que interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional que, seis años después, todavía no ha dado su veredicto. En aquel momento numerosos cuadros del partido participaron junto a la jerarquía católica española en manifestaciones hostiles a la ley”, recuerda por su parte Le Monde. “Posteriormente, el señor Rajoy no ha dejado de contradecirse (…) Fiel a su reputación, el candidato conservador prefiere no levantar reacciones en contra y no pronunciarse de manera categórica”, continúa el diario francés.

Ambos medios recogen además declaraciones de activistas LGTB como el coordinador de Lambda, José de Lamo; el presidente de COGAM, Agustín López o el presidente de la FELGTB, Antonio Poveda.

Según la SER (sin precisar la fuente) el PP no cambiaría la ley

Y mientras la imagen internacional de España como país avanzado en materia de derechos LGTB comienza a resquebrajarse, la cadena SER asegura en su web que si el Tribunal Constitucional ”acepta el término matrimonio” Mariano Rajoy no modificaría la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. La SER no precisa cual es la fuente de su noticia. “Así lo han asegurado a la SER fuentes próximas al candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy”, se limita a decir.

Lo que sí hace la noticia de la SER es replicar el argumentario tradicional del PP al explicar que según Rajoy “mi discrepancia con la ley de matrimonio homosexual está solo en el nombre” (un argumento incierto, dado que el recurso ante el Tribunal Constitucional también se opone, por ejemplo, a la adopción homoparental) y recoger las afirmaciones del líder popular en las que aseguraba que en su programa del año 2004 “llevaba una ley similar a la que aprobó Zapatero, salvo que en vez de matrimonio se utilizaba el término unión” (otra falsedad que la cadena SER no se preocupa en desmentir, algo que podría hacerse fácilmente consultando en la web del PP su programa electoral para 2004, que no hacía referencia alguna a tal proyecto).

(Fuente: DosManzanas)

El pleno de Parlamento Europeo ha aprobado una resolución contra la violencia y la discriminación que sufren lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, así como que la OMS elimine la transexualidad de su lista de trastornos mentales. La resolución fue consensuada entre los principales grupos, aunque contó con la oposición de la extrema derecha y de un pequeño grupo de eurodiputados del grupo popular europeo. Entre ellos tenemos que citar a un español: José Manuel García-Margallo, a quien algunas fuentes periodísticas sitúan, por cierto, en un próximo Gobierno de Mariano Rajoy. Otro “popular” español, Gabriel Mato, se abstuvo.

Según la nota hecha pública por el propio Parlamento Europeo, la resolución, aprobada este miércoles por 442 votos a favor, 104 en contra y 40 abstenciones, se adopta en respuesta al texto aprobado en junio en el mismo sentido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La resolución sostiene que la Unión Europea “debe defender sistemáticamente en sus relaciones con terceros países los derechos de estos colectivos y la despenalización de la homosexualidad en el mundo“. El Parlamento reconoce además que no todos los países de la Unión defienden debidamente esos derechos. El texto “lamenta que los derechos de las personas LGBT aún no se respeten siempre plenamente en la Unión Europea, en particular el derecho a la integridad física, el derecho a la vida privada y la vida familiar, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad de circulación y el derecho de asilo“.

Los eurodiputados condenan “con la máxima firmeza el hecho de que en algunos países, incluso en el seno de la Unión Europea, todavía se perciba la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad como una enfermedad mental” que requiere tratamiento psiquiátrico. Piden por tanto “la desiquiatrización de la vivencia transexual y transgénero, la libre elección del equipo encargado del tratamiento, la simplificación del cambio de identidad y la cobertura por parte de la seguridad social“. El Parlamento señala también la obligación de los estados miembros de conceder asilo a los ciudadanos no comunitarios perseguidos por su orientación sexual.

Por último, se pide piden a los países de la Unión que garanticen el derecho a la libre circulación de parejas del mismo sexo y sus familias.

El voto español
Siempre según el listado de voto nominal disponible en la web del Parlamento Europeo, votaron a favor 16 eurodiputados socialistas y 13 eurodiputados populares, así como los representantes de CiU, ERC, IU, Iniciativa per Catalunya-Verds, PNV y UPyD (un eurodiputado cada uno).
Votó en contra José Manuel García-Margallo y se abstuvo el eurodiputado popular Gabriel Mato.
De los cincuenta eurodiputados españoles, 14 estuvieron ausentes de la votación. De ellos, ocho son eurodiputados del PP y cinco del PSOE.